Testimonios
La maestra María del Carmen López, integrante de la dirigencia de la APPO, relata que las últimas semanas ha recibido amenazas de muerte que atribuye a "escuadrones de la muerte" con los que el gobierno de Ruiz trata de intimidar a los líderes del movimiento.
"Están creando un ambiente propicio para la represión. Tememos desapariciones, ejecuciones extraoficiales, y no sólo a nosotros sino a nuestras familias, es parte del Plan Hierro", dice en entrevista.
Bulmaro Martínez Hernández, maestro de la Sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), fue detenido el jueves 2 al mediodía, en las inmediaciones de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, durante el enfrentamiento entre la Policía Federal Preventiva (PFP) y la APPO. Estuvo preso una semana.
"Cuatro agentes de la Policía Federal Preventiva me subieron en una camioneta tipo Van, junto con otras personas. Me amarraron las manos con un plástico", cuenta, y enseña sus muñecas.
Continúa: "En la base militar nos tuvieron todo el día bajo el sol y nos hicieron las pruebas de radizonato y de orina para comprobar si habíamos disparado o consumido drogas. Más tarde nos pusieron bocabajo, pero nos dejaron flejados de las manos. Los policías federales nos agredían: 'Órale cabrones, no que muy appos'. Ya en la noche nos sometieron a un simulacro de revisión médica. Luego nos flejaron otra vez las manos y nos metieron a una carpa, donde nos comenzaron a golpear. A mí me patearon porque me confundieron con un hermano de Flavio Sosa.
"En el transcurso de la noche, dos o tres veces me pusieron bocabajo y, mientras me aplastaban con sus botas, me apuntaban con sus armas a la cabeza y cortaban cartucho. Al día siguiente por la tarde nos trasladaron al aeropuerto, pero como no veíamos, nos decían: 'A ver, súbanlos (al helicóptero), ya saben qué hacer'. Al segundo día, por la mañana, insistían: 'Ya súbanlos y directo al mar'".
-¿Cuántos eran los que estaban detenidos? -se le pregunta al profesor Bulmaro Martínez.
-No sé exactamente, la policía hablaba de 38, pero al penal de Cuicatlán sólo llegamos 32. No sabemos si los otros están desaparecidos.
En Cuicatlán él y sus compañeros fueron tratados como "reos de alta peligrosidad". Finalmente, "el domingo les exigimos a los custodios del penal que nos dejaran reunirnos, para identificarnos. Y nos dimos cuenta de que había albañiles, meseros, chavos banda, choferes, profesores, una muchacha de la UNAM, tres priistas y tres menores de edad. A la mayoría se nos trató igual: fuimos sometidos a interrogatorios en los que nos acusaban de pertenecer a la APPO. 'Eres de la APPO, cabrón. Ya caíste, así que te chingas'".
Ejecuciones y allanamientos
Otro caso es el del pintor Alejandro García Hernández, quien fue ejecutado por un militar la madrugada del 14 de octubre en la barricada de Símbolos Patrios. La viuda, Carmelita, cuenta que sus vecinos sí eran simpatizantes de la APPO, pero ella y su familia sólo les llevaban café por las noches.
"Ya les habíamos dejado el café, cuando de repente escuchamos el sonido de una ambulancia. 'Voy a abrirle paso para que pase', me dijo mi esposo, y se fue a ayudarles a las mujeres que cuidaban la barricada. Yo me quedé esperando. Cuando iba llegando a la primera barricada, se escucharon los balazos, unos ocho o diez balazos y gritos de '¡Arriba Ulises!'.
"Cuando iba a ver lo que sucedía pasó una camioneta a toda velocidad. Seguían disparando. Eran cuatro, dos de ellos sacaron las pistolas por las ventanas. Cuando vi a mi esposo, ya estaba tirado, ahogándose con su sangre. Ya le habían dado los balazos en la frente".
Por esta ejecución fue detenido Johnatan Ríos Vázquez, soldado de 22 años perteneciente a la octava Región Militar, con sede en Ixcotel, quien se encuentra en el penal de Tlacolula por homicidio y lesiones calificadas. Sin embargo, la viuda no tiene noticias del caso, y mientras tanto espera una indemnización del Ejército.
En otro caso, René Trujillo, integrante del sector juvenil y estudiantil de la APPO, y locutor de Radio Universidad, fue detenido el martes 6 en su propia casa por policías vestidos de civil, sin ninguna orden judicial, junto con sus compañeros Mauricio Marmolejo y Benito Pereda.
"Eran nueve tipos armados que nos persiguieron hasta nuestro domicilio y nos sacaron violentamente. A mí me golpearon con la cachas de las pistolas. Fuimos detenidos y sobajados. No traían carro, así que agarraron uno de alquiler, amenazaron al chofer y nos subieron. Nos cubrieron la cara y nos gritaban que no los viéramos.
"Por lo que escuchamos, nos llevaban al aeropuerto. En el camino se comunicaron con alguien al que le decían El Perro para confirmar que ya llevaban a un tal René, o sea que a mí. Fuimos trasladados a otro lugar, nos sacaron nuestras identificaciones y dijeron que yo iba a pagar las consecuencias por estar en la radio. Ahí un comandante nos interrogó sobre lo que hacíamos en la radio, si estábamos de revoltosos y por qué quemábamos los camiones.
"En una casa de seguridad nos golpearon más, nos pusieron una bolsa de nylon y nos preguntaban por algunos compañeros, en específico sobre compañeros del movimiento estudiantil y los de radio. Me ataron de las manos hacia atrás, me golpearon con trapos húmedos y me asfixiaban con la bolsa. Luego nos dieron toques eléctricos en los pies y en el pecho. Nos metieron a una bodega de uno por uno y nos obligaron a firmar un documento afirmando que éramos miembros de la APPO. También nos picaron debajo de las uñas".
Como en los setenta
Yésica Sánchez, presidenta de la Limedh, sostiene que estas acciones no se habían visto recientemente en Oaxaca y son similares a las que se aplicaban contra la guerrilla en los años setenta. Agrega que la actuación de los cuerpos armados como la PFP, la Sedena y la PGR hace evidente la falta del estado de derecho y la ingobernabilidad.
"La incursión de las fuerzas federales se ha hecho bajo la lógica de imponer el orden y la paz social, pero lo que estamos viendo son enfrentamientos, sobrevuelos, allanamientos de domicilio, detenciones arbitrarias, extrajudiciales y selectivas. También estamos viendo violaciones a los procesos legales, ataques a los defensores de los derechos humanos y obstaculizaciones a nuestro trabajo eficiente en el interior de los penales".
Sánchez denuncia la existencia de una fiscalía móvil que pusieron en marcha el gobernador y la procuraduría estatal, pero que es violatoria de los derechos humanos porque nadie sabe donde está y, en consecuencia, anula toda posibilidad para la defensa. "La hemos buscado en distintas instalaciones y nadie sabe nada, nos dicen que por cuestiones de seguridad no pueden proporcionar su ubicación ni su teléfono, ni quién es el titular", explica.
Si a esto le sumamos el proceso de tortura, las presiones para vincular a los detenidos con la APPO, "vemos que hay un patrón que ya es viejo, que evidencia una persecución por ideología política o por simpatía política". Y con ello el Estado mexicano, "lejos de contribuir a la defensa de los derechos humanos y de llevar a Oaxaca a un proceso de transformación profunda, democrática y participativa, lo está orillando a un proceso de violencia y de represión".
-¿Hay una participación militar?
-Estamos viendo la participación de todos los cuerpos de seguridad del Estado mexicano. Por los testimonios hemos sabido que también está participando la AFI en los operativos. Nos preocupa la complicidad de la Sedena, es muy grave. Fuimos a la 28 Zona Militar, donde nos entrevistamos con el coronel Sosa. Nos dijo que ellos no iban a involucrarse porque era un conflicto de carácter político. Pero este discurso se cae cuando tenemos testimonios de que la gente está siendo detenida y trasladada a la base área militar. Es evidente que hay una participación de la Sedena, de complicidad en este proceso de violaciones a los derechos humanos y de criminalización de la protesta social.
Las denuncias públicas sobre las violaciones a derechos humanos que ha documentado la Limedh desde que la PFP entró en la entidad el pasado 29 de octubre, fueron retomadas por Amnistía Internacional (AI). El miércoles 22, la organización dio a conocer un informe preliminar en el cual señala que la situación de los derechos humanos en Oaxaca es similar al que documentó en San Salvador Atenco.
El investigador del Programa Regional para América de AI, Rupert Knox, y la representante en España, María Naredo, sustentaron su afirmación en las detenciones ilegales cometidas por la policía estatal en coordinación con la PFP.
También, con base en testimonios de detenidos, confirmaron que la policía y el Ministerio Público han operado de manera irregular para favorecer al gobierno de Ulises Ruiz Ortiz. "Lo que hemos visto es una pasividad por parte de las instancias del estado para investigar los hechos", dijo Knox. En este sentido, AI recomendó al gobierno oaxaqueño someter a una revisión de organismos extranjeros sus investigaciones sobre el asesinato de Bradley Ronald William.
Tijuana Democrática
No somos amigos de AMLO, somos enemigos de toda la clase política, subraya 
