El pacto social de mayor rango en el país es la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Sin embargo, durante tres décadas, los sucesivos gobiernos federales han violado flagrantemente los términos del Artículo 123 de la Carta Magna: no han promovido la creación de empleos, han desalentado y boicoteado la organización social para el trabajo, han tolerado y hasta fomentado jornadas extenuantes e inhumanas, pretendiendo ignorar la utilización laboral de menores de 14 años y sobre todo, han convertido en letra muerta la definición constitucional de los salarios mínimos generales: “suficientes para satisfacer las necesidades normales de un jefe de familia, en el orden material, social y cultural, y para proveer a la educación obligatoria de los hijos”.
De esta forma, al traicionar de manera sistemática su protesta de “guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”, los gobernantes del ciclo neoliberal han condenado a la mayoría de los trabajadores del país a una disyuntiva simple: el hambre o la sobreexplotación:
Hoy en día, para cubrir las necesidades de una canasta básica compuesta por alimentos, productos de aseo y limpieza, transporte, electricidad y gas doméstico, los trabajadores que ganan el salario mínimo tendrían que laborar 48 horas diarias y muchas más horas para costearse la renta, la educación, la salud, vestido, recreación y cultura.
Más de diez millones de trabajadores, (24 por ciento de la población ocupada) reciben salarios menores al mínimo o carecen de salario. Algunos logran superar el nivel mínimo, porque desempeñan dos o más trabajos. En millones de hogares se ven obligados a mandar al trabajo a sus jubilados o a sus niños para completar los ingresos estrictamente indispensables para la subsistencia.
Entre 1977 y el presente año, el salario mínimo en México ha experimentado una reducción de más del 75 por ciento del poder adquisitivo, lo que representa una de las caídas más brutales del ingreso popular en el mundo.
Este fenómeno no ha ocurrido de manera fortuita o accidental, es consecuencia de un designio sostenido por los gobiernos federales con distintos pretextos: mantener a raya la inflación, atraer inversiones extranjeras o generar empleos.
Todos estos argumentos han resultado falsos. La inflación se ha disparado en diversos momentos por la especulación bursátil y cambiaria, como ocurrió en 1987, por errores gubernamentales catastróficos, como en 1994-1995, o por la política de liberación de precios en el mundo. Estos datos demuestran que la única mercancía controlada es la fuerza de trabajo: el salario mínimo de miseria.
Los flujos de inversión extranjera se desplomaron en el presente sexenio, en el cual, por añadidura, el país ha sufrido una disminución de más del 5 por ciento de los puestos de trabajo formales registrados en el Instituto Mexicano del Seguro Social.
Son otros los motivos reales del grupo en el poder para pulverizar los salarios mínimos: desarticular la organización de los trabajadores, eliminar sus conquistas históricas y crear condiciones propicias para multiplicar las utilidades de los capitales nacionales y extranjeros.
Las estrategias de contención salarial constituyen una política deliberada de saqueo de millones de mexicanos para beneficio de un puñado de millonarios. Representan, también, la ofensiva más brutal de los capitales y sus aliados en el ámbito gubernamental: la Presidencia de la República y las Secretarías de Hacienda, del Trabajo y Previsión Social, de Economía e incluso los Poderes Legislativo y Judicial, perpetrada desde altos cargos del poder público, para violentar de forma sistemática y flagrante la Constitución,
Desde luego, la contención salarial no se ha traducido en una menor inflación ni en una reactivación económica ni en la creación de empleos. Por el contrario, ha tenido como consecuencia la agudización exasperante y alarmante de la miseria y de la pobreza, la concentración de la riqueza en unas cuantas manos, el debilitamiento del mercado interno y el crecimiento desmesurado de la economía informal.
Esos saldos de desastre en lo económico tienen una correlación exasperante en la sociedad: ahondamiento de las desigualdades, caída abismal de los niveles de vida de la población en general, deterioro pronunciado de la salud, la educación y la vivienda. Emigración masiva, desgarramiento del tejido social y sufrimiento incuantificable para la mayor parte de la población.
En el punto al que se ha llevado a la economía nacional, el trabajo ha dejado de ser un derecho y se ha convertido en un privilegio. Pero, si la mayoría de los “privilegiados” que cuentan con un empleo formal se ven obligados a aceptar salarios de hambre, el horizonte de los desempleados es mucho peor.
Con o sin trabajo, cincuenta millones de mexicanos se encuentran por debajo del límite de la pobreza: unos 30 millones viven con 30 pesos diarios –dos terceras partes de la remuneración mínima vigente—hay 10 millones que sobreviven con 22 pesos al día y una porción similar de la población subsiste con apenas 12 pesos y 21 centavos al día. Con o sin empleo, a estos millones de mexicanos no se les ofrece más futuro que pedir limosna, sumarse a la delincuencia o aventurarse hacia una frontera norte cada vez más hostil y mortífera.
En el ámbito político, institucional y legal, no son menos perniciosas las implicaciones de la ofensiva contra los salarios. De entrada, el país tiene ante sí a una autoridad federal que viola abiertamente los preceptos constitucionales, a un gobierno que ha optado por situarse en la ilegalidad, a una autoridad política que propicia el despojo de muchos por unos cuantos, provoca el deterioro de las instituciones, fomenta el descrédito del poder público, subvierte la convivencia y la armonía nacionales.
La depreciación del salario mínimo como política oficial y, en general, la inobservancia gubernamental a las disposiciones del Artículo 123 Constitucional no son únicamente infracciones a la ley, sino que perfilan un país moralmente insostenible, políticamente ingobernable, socialmente inhabitable y económicamente inviable.
La sociedad en su conjunto, y en particular las organizaciones de los trabajadores, tienen ante sí el deber de rescatar el acuerdo primordial sobre el que descansa la convivencia y la paz en México, que es la Constitución. Es preciso, por ello, convocar a la movilización nacional en defensa del Artículo 123 con los siguientes propósitos:
1. Exigir el cumplimiento de la definición constitucional de los salarios mínimos: “Deberán ser suficientes para satisfacer las necesidades normales de un jefe de familia, en el orden material, social y cultural, y para proveer a la educación obligatoria de los hijos”.
2. Hacer vigente el derecho al trabajo digno y socialmente útil;
El llamado es a:
· Organizarnos nacional e internacionalmente, por cumplir estos mandatos Constitucionales.
· Emprender acciones políticas y jurídicas orientadas a restituir el espíritu y la letra de la Carta Magna
· Realizar foros regionales, nacionales e internacionales, para recuperar la vigencia del Artículo 123.
· Una Marcha por el Salario y el Empleo, el próximo 7 de diciembre en la Ciudad de México.
Por lo anterior, convocamos a los obreros, a las mujeres, a los campesinos, a los Sindicatos nacionales e internacionales, a los desempleados, a los trabajadores informales, a las Organizaciones no gubernamentales dentro y fuera del país, a los estudiantes, a los trabajadores migrantes, a las Organizaciones de derechos humanos, al pueblo excluido por el neoliberalismo y por el poder político que ha dado la espalda a nuestra Constitución.
¡Queremos el salario justo, el empleo y las oportunidades
dentro de nuestro México, hoy !
México, D.F., a 8 de noviembre de 2006
Frente Sindical Mexicano (FSM) Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), Alianza de Tranviarios de México (ATM), Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos y Similares (SNTMM), Confederación de Trabajadores y Campesinos (CTC), Sindicato de Trabajadores de la UNAM (STUNAM), Frente Auténtico del Trabajo (FAT), Sindicato Independiente de Trabajadores de la UAM (SITUAM), Federación Nacional de Agrupaciones Sindicales (FNAS), Consejo Nacional de los Trabajadores (CNT), Coordinadora Nacional Politécnica (CNP-IPN), Centro de Investigación Laboral y Asesoría Sindical (CILAS), Cooperativa Pascual, Coalición Nacional de Trabajadores del INEGI, Sindicato Único de Trabajadores de la Industria Nuclear SUTIN, Sindicato de Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado (TSPE) Querétaro, Alianza Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO), Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), Lic. Arturo Alcalde Justiniano, Diputado Federal Ramón Pacheco Llanes y Diputado Federal José Antonio Almazán González, Centro de Análisis Multidisciplinario de la Facultad de Economía (CAM-UNAM), Sindicato de Trabajadores de Transporte del D.F. (STTPDF), Frente Nacional de Resistencia contra la Privatización de la Industria Eléctrica (FNRCPIE), Asociación Nacional de Abogados Democráticos (ANAD).
